Audiencia Nacional: qué delitos investiga y por qué no es el tribunal más importante de España

La Audiencia Nacional aparece con frecuencia vinculada a investigaciones por terrorismo, grandes fraudes, narcotráfico, organizaciones criminales y delitos cometidos fuera de España. Sin embargo, no es un tribunal reservado para cualquier asunto especialmente grave ni una instancia superior que pueda asumir todos los procedimientos relevantes del país.

Sus competencias están delimitadas por la ley y dependen, principalmente, del tipo de delito, su dimensión territorial, la actuación de organizaciones criminales o su carácter internacional. Aunque tiene su sede en Madrid, su jurisdicción se extiende a todo el territorio español, tal y como establece el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Audiencia Nacional está formada por cuatro salas: la Sala de Apelación, la Sala de lo Penal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social. Por ello, su actividad no se limita al ámbito penal. También resuelve determinados recursos contra decisiones de la Administración General del Estado y conflictos laborales que afectan a más de una comunidad autónoma.

¿La Audiencia Nacional investiga las causas penales?

La expresión “la Audiencia Nacional investiga” se utiliza habitualmente para referirse al conjunto de órganos judiciales centrales que intervienen en estos procedimientos. No obstante, desde el punto de vista jurídico conviene distinguir entre instrucción y enjuiciamiento.

Hasta finales de 2025, las investigaciones correspondían a los conocidos Juzgados Centrales de Instrucción. La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, modificó la organización judicial y creó el Tribunal Central de Instancia. El 31 de diciembre de 2025, los antiguos juzgados centrales se transformaron en distintas secciones de este nuevo tribunal.

Desde entonces, la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia instruye las causas cuyo juicio posterior corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, cuando lo establece la legislación procesal, a la propia Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia. Esta función aparece recogida en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Audiencia Nacional, por tanto, puede juzgar determinados procedimientos y resolver recursos, pero no es actualmente el órgano encargado de instruir todas las causas que después llegan a sus salas.

Terrorismo y organizaciones terroristas

El terrorismo es una de las competencias más identificadas con la Audiencia Nacional. Durante décadas, sus órganos penales y la Fiscalía de la Audiencia Nacional han intervenido en procedimientos relacionados con este tipo de delitos.

La atribución de estas materias a los órganos judiciales centrales tiene una larga trayectoria normativa. La Ley Orgánica 4/1988 estableció que los órganos centrales continuarían conociendo de los delitos relacionados con bandas armadas y elementos terroristas, así como de los delitos conexos. Tras la reorganización judicial de 2025, las funciones de instrucción se integran en el Tribunal Central de Instancia.

La competencia no se limita a la ejecución material de atentados. También puede incluir conductas relacionadas con organizaciones terroristas, captación, adoctrinamiento, financiación, colaboración o determinados actos de ciberterrorismo, siempre dentro de los tipos penales previstos en el Código Penal.

Grandes fraudes y delitos económicos

La Audiencia Nacional no asume cualquier estafa o delito económico. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece criterios concretos para que un procedimiento de este tipo llegue a sus órganos.

Su Sala de lo Penal puede conocer de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas cuando produzcan o puedan producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional. También puede intervenir cuando el perjuicio patrimonial afecte a una generalidad de personas en territorios correspondientes a más de una Audiencia.

La dimensión territorial y económica resulta determinante. Una estafa contra una persona o una empresa no pasa automáticamente a ser competencia de la Audiencia Nacional porque la cantidad sea elevada. Deben cumplirse los requisitos establecidos legalmente.

Dentro de este ámbito también aparecen procedimientos relacionados con la criminalidad organizada y socioeconómica, la falsificación de moneda y el fraude vinculado a medios de pago.

Falsificación de moneda y medios de pago

La Audiencia Nacional puede conocer de delitos de falsificación de moneda y de fabricación de tarjetas de crédito o débito falsas, cheques de viaje falsos u otros instrumentos de pago distintos del efectivo cuando estas actividades son cometidas por organizaciones o grupos criminales.

En estos casos, la naturaleza del delito no es el único elemento relevante. La actuación de una organización o grupo criminal constituye una de las condiciones que puede determinar la competencia de los órganos centrales.

Narcotráfico organizado y delitos relacionados

Tampoco cualquier delito de tráfico de drogas corresponde a la Audiencia Nacional. La ley atribuye a sus órganos determinados delitos relacionados con estupefacientes cuando son cometidos por bandas o grupos organizados y producen efectos en territorios pertenecientes a distintas Audiencias.

Esta previsión explica que los procedimientos contra grandes organizaciones de narcotráfico que operan en diferentes puntos de España puedan llegar a este ámbito jurisdiccional. En cambio, otros delitos relacionados con drogas son investigados y juzgados por los órganos judiciales territoriales que correspondan.

La misma regulación contempla, con condiciones semejantes, determinados fraudes alimentarios y delitos relacionados con sustancias farmacéuticas o medicinales.

Delitos cometidos fuera de España

La dimensión internacional es otra de las características de la Audiencia Nacional. Su Sala de lo Penal puede conocer de delitos cometidos fuera de España cuando, de acuerdo con la legislación española o los tratados internacionales, corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.

Esto no significa que cualquier delito cometido en otro país pueda ser investigado por España. La jurisdicción penal sobre hechos ocurridos en el extranjero está sujeta a los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las reformas que han limitado el alcance de la denominada jurisdicción universal.

Cuando se cumplen las condiciones legales, en este ámbito pueden aparecer investigaciones por hechos susceptibles de ser calificados como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. También pueden llegar procedimientos contra organizaciones criminales asentadas fuera de España, como determinadas redes internacionales de inmigración clandestina o trata de seres humanos con ramificaciones en nuestro país.

Delitos contra la Corona y las instituciones del Estado

El artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la Sala de lo Penal determinados delitos contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor o sucesora, los altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno.

Esta competencia no implica que cualquier delito cometido contra un político o un miembro de una institución pública corresponda automáticamente a la Audiencia Nacional. Solo se incluyen los tipos penales previstos expresamente por la legislación. La relevancia pública de la persona afectada, por sí sola, no determina la intervención de este tribunal.

Material de defensa y productos de doble uso

Entre sus competencias penales también figura el contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso.

Estos productos pueden tener aplicaciones civiles y militares. Por ese motivo, determinados tráficos ilícitos se sitúan en un ámbito relacionado con la seguridad nacional y con las obligaciones internacionales asumidas por España.

Extradiciones y cooperación judicial internacional

La actividad de los órganos centrales no termina con la investigación y el juicio de delitos. También desempeñan funciones relevantes en la cooperación judicial internacional.

La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia tramita expedientes de ejecución de órdenes europeas de detención y entrega, procedimientos de extradición pasiva y otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales dentro de la Unión Europea que le atribuya la legislación.

Por su parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conoce de las competencias que la ley le asigna en estos procedimientos, incluidas determinadas resoluciones sobre extradición y recursos relacionados con instrumentos de reconocimiento mutuo. También puede intervenir en procedimientos penales iniciados en otros países o en la ejecución en España de determinadas sentencias extranjeras cuando así lo establezcan los tratados internacionales.

Control de decisiones de la Administración

La Audiencia Nacional también tiene una función destacada en el orden contencioso-administrativo. Su sala especializada puede conocer de recursos contra determinadas disposiciones y actos de ministros y secretarios de Estado que no estén atribuidos a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia.

Asimismo, tiene competencias sobre determinados recursos relacionados con resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, convenios entre administraciones públicas y actuaciones de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, además de otros asuntos previstos por las leyes.

Conflictos laborales de ámbito supraautonómico

La Sala de lo Social conoce en única instancia de determinados procedimientos sobre convenios colectivos cuyo ámbito territorial supera el de una comunidad autónoma. También resuelve conflictos colectivos cuya repercusión se extiende más allá de una comunidad.

No se trata, por tanto, de resolver conflictos individuales entre un trabajador y una empresa. Su competencia se centra fundamentalmente en asuntos colectivos de dimensión supraautonómica, como los que pueden afectar a trabajadores de una compañía implantada en varias comunidades autónomas cuando se cumplen los requisitos legales.

Un tribunal especializado, no una instancia superior

La Audiencia Nacional no está por encima del resto de tribunales españoles. Esa posición corresponde al Tribunal Supremo, que la Constitución define como el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales.

La Audiencia Nacional tiene una competencia especializada, vinculada al alcance territorial, la dimensión económica, la actuación organizada, la naturaleza institucional o el componente internacional de determinados asuntos. Existen delitos muy graves que no llegan a ella porque su investigación y enjuiciamiento corresponden a otros órganos judiciales.

La reforma organizativa de 2025 hace especialmente importante distinguir entre el Tribunal Central de Instancia y la Audiencia Nacional. Ambos tienen sede en Madrid y jurisdicción nacional, pero son órganos diferentes: el primero instruye y desarrolla actuaciones de primera instancia en las materias que la ley le atribuye, mientras que la segunda enjuicia determinados procedimientos, resuelve recursos y ejerce sus competencias propias en los órdenes penal, contencioso-administrativo y social.

Fuentes oficiales

<ul><li>Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial en el BOE.</li><li>Ley Orgánica 1/2025 en el BOE.</li><li>Información institucional del Consejo General del Poder Judicial sobre la Audiencia Nacional.</li><li>Fiscalía de la Audiencia Nacional.</li><li>Memoria de la Fiscalía General del Estado.</li></ul>