La Coalición de Deuda Constitucional Legal («LCDC»), que incluye a ciertos titulares importantes de la Obligación General de Puerto Rico («GO») y la Autoridad de Edificios Públicos («PBA») «), Reveló hoy que ha acordado un acuerdo global (el» Acuerdo «) con la Junta de Supervisión y Gestión Financiera (la» Junta de Supervisión «) y otros tenedores de bonos GO y PBA. El compromiso, que se basa en el plan de ajuste propuesto para septiembre de 2019 («POA») establecido por el LCDC y otros acreedores, goza de un apoyo sustancialmente más amplio. El próximo POA enmendado permitirá a Puerto Rico reestructurar consensuadamente aproximadamente $ 35 mil millones de pasivos pendientes.

Matt Rodrigue de Miller Buckfire & Co., en su calidad de asesor financiero de LCDC, comentó:

“Este acuerdo entre una muestra representativa de los principales acreedores y la Junta de Supervisión representa un importante paso adelante para Puerto Rico en su camino para salir de la bancarrota sobre una base financiera sólida. Además de reducir la deuda pendiente de la Commonwealth en aproximadamente $ 24 mil millones, el Acuerdo acorta el plazo para el pago de la deuda en diez años y pone un límite al servicio anual de la deuda, que mantendrá los pagos en o por debajo del 9.16% de los ingresos del gobierno. Este acuerdo tampoco afecta los fondos federales o el dinero que va a los pensionistas y mitiga el riesgo de litigios prolongados que podrían haber costado a la Commonwealth cientos de millones de dólares por año en gastos relacionados con la reestructuración.

Es importante resaltar que los acreedores con inversiones e intereses a largo plazo en Puerto Rico han estado dispuestos a hacer compromisos significativos que finalmente ayudarán a restaurar la formación de capital y encender la actividad económica en la isla. Según los términos del acuerdo, los acreedores de GO y PBA aceptarán recortes materiales que promedian el 30%. Estas concesiones anclan la reestructuración consensuada de más de $ 35 mil millones en deuda pendiente y preparan el escenario para que Puerto Rico experimente el tipo de revitalización económica que otros emisores municipales como Detroit realizaron después de sus bancarrotas «.

Un resumen de los términos clave proporcionados en virtud del Acuerdo incluye:

La deuda pendiente de bonos del Commonwealth se reducirá de aproximadamente $ 35 mil millones a aproximadamente $ 11 mil millones, lo que resultará en una reducción total de aproximadamente $ 24 mil millones;

El plazo para el pago de la deuda se reducirá en diez años en comparación con el POA anterior; La Commonwealth retiene los últimos diez años de flujo de efectivo por un total de $ 4.8 mil millones;

Crea un límite en todos los pagos de la deuda respaldada por impuestos del 9.16% de los ingresos del gobierno de Puerto Rico;

Proporciona cortes de cabello promedio para los tenedores de bonos GO y PBA de aproximadamente 30%;

No interfiere con el nivel de gastos del gobierno para servicios esenciales o pensiones;

Deja aproximadamente $ 15 mil millones en efectivo para la Commonwealth y sus entidades.

Sobre el LCDC

El LCDC está formado por titulares institucionales de los bonos GO y PBA de Puerto Rico. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y Reichard & Escalera, LLC se desempeñan como asesores legales de LCDC, con Miller Buckfire & Co., una compañía Stifel, que actúa como asesor financiero de la Coalición.

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