Jackson, Miss. – Jonathan Beasley, de 28 años, de Jackson, fue sentenciado ayer por el Juez Principal de Distrito de los Estados Unidos, Daniel P. Jordan II, a 60 meses en prisión federal, seguido de tres años de libertad supervisada, por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. , anunciaron el fiscal federal Mike Hurst y Michelle A. Sutphin, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones en Mississippi. Beasley también recibió la orden de pagar una multa de $ 1500.

El 20 de diciembre de 2016, Beasley fue condenado por posesión criminal con la intención de distribuir marihuana en el Condado de Hinds y fue sentenciado a tiempo cumplido. El 19 de marzo de 2017, solo tres meses después de su condena, Beasley fue encontrado con un arma de fuego en su poder después de destruir su automóvil en una estación de servicio en el condado de Hinds. Durante una entrevista posterior con la policía, Beasley admitió poseer el arma y comprar el arma en la calle.

Beasley fue declarado culpable de acuerdo con un veredicto del jurado el 17 de octubre de 2019 después de un juicio de dos días.

Este caso es parte del Proyecto EJECT, una iniciativa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Mississippi bajo el Proyecto Vecindarios Seguros (PSN) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Proyecto Guardian. EJECT es un enfoque holístico y multidisciplinario para combatir y reducir la delincuencia violenta mediante el enjuiciamiento, la prevención, el reingreso y la sensibilización. EJECT significa «Empower Justice Expel Crime Together». PSN está reuniendo a todos los niveles de aplicación de la ley y las comunidades a las que sirven para reducir el crimen violento y hacer que nuestros vecindarios sean más seguros para todos. Project Guardian se basa en los exitosos programas anteriores del Departamento para reducir la violencia armada; mejora la coordinación de las autoridades federales, estatales, locales y tribales en la investigación y el enjuiciamiento de delitos con armas de fuego; mejora el intercambio de información por parte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos cuando un individuo prohibido intenta comprar un arma de fuego y el Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales Instantáneos (NICS) lo niega, lo que incluye tomar las medidas apropiadas cuando se niega a un posible comprador por el NICS por razones de salud mental; y asegura que los recursos federales se dirijan a los delincuentes que representan la mayor amenaza para nuestras comunidades.

La Oficina Federal de Investigación y el Departamento de Policía de Jackson investigaron el caso. El caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Andrew W. Eichner y Theodore Cooperstein.

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