El Ministerio aprueba la orden por la que se ceden los terrenos, emplazamientos e instalaciones de la central nuclear de Lemóniz a la Comunidad Autónoma del País Vasco

de deNoticias
16, octubre

16/10/2019

Con esta Orden se da respuesta al interés que ha venido mostrando el Gobierno Vasco por hacerse con la titularidad de estos terrenos

Lemóniz fue una de las centrales afectadas por la denominada “moratoria nuclear” establecida en el Plan Energético Nacional 1983-1992, que también paralizó los proyectos de las centrales Valdecaballeros I y II y Trillo II

El emplazamiento ocupa unas 35 hectáreas de superficie de suelo urbano donde están los edificios de la central, más otra extensión de unas 145 hectáreas no urbanizables

El Ministerio para la Transición Ecológica ha acordado la cesión de los terrenos, emplazamientos e instalaciones de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya) a la Comunidad Autónoma del País Vasco. De acuerdo a la Orden ministerial que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), se acuerda la cesión de los activos pendientes de enajenar afectos al proyecto de construcción de la central nuclear de Lemóniz y, en particular, de los terrenos, emplazamientos e instalaciones. A partir de ahora, y una vez que la Comunidad Autónoma acepte la cesión que se articula en esta Orden, será esta Administración la que asumirá la responsabilidad de los mismos, tanto administrativa como de otra índole, y todos los gastos que se deriven de su titularidad, entre otros, los de mantenimiento, seguridad y protección física.

Con esta Orden se da respuesta al interés que ha venido mostrando el Gobierno Vasco por hacerse con la titularidad de estos terrenos, conforme a lo establecido en la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que modificó lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico, y estableció que si una vez se hubiera satisfecho a las compañías eléctricas la compensación prevista, existieran activos pendientes de enajenar, podrá acordarse la cesión de dichos activos a una Administración Pública, mediante orden ministerial, en los términos que se determinen en la misma.

La declaración de la paralización definitiva de los proyectos de construcción de las centrales nucleares en moratoria, con extinción de las autorizaciones concedidas, se articuló en la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, que fue modificada y declarada vigente por la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, la cual estableció que la compensación a las compañías eléctricas titulares de los proyectos por las inversiones realizadas en ellos y por el coste de su financiación, se haría mediante la afectación a este fin de un porcentaje que recaería sobre la tarifa eléctrica.

La “moratoria nuclear” en la construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Unidades I y II, Valdecaballeros I y II, y Trillo II se declaró en el Plan Energético Nacional 1983-1992.

Aunque esta compensación económica a las compañías eléctricas terminó de ser satisfecha en octubre de 2015, la titularidad de los bienes afectos a los proyectos paralizados, incluidos los terrenos, se mantuvo en las compañías propietarias, que, previa autorización de la Administración, fueron enajenando los bienes que pudieron ser objeto de venta, destinándose los importes obtenidos a reducir la deuda pendiente de la moratoria nuclear.

Por lo que se refiere a la enajenación de los terrenos, ante la imposibilidad de establecer un valor de mercado para los mismos, mediante una modificación legal llevada a cabo en el año 2005, se estableció que la Administración pudiera acordar la celebración de un concurso o subasta, mediante el que se procedería a su enajenación a quien realizara la mejor oferta. No obstante, esta enajenación no se llegó a producir.

El emplazamiento objeto de esta cesión se extiende por unas 35 hectáreas de superficie, que están ocupadas directamente por los edificios de la central, cuyos terrenos están calificados como suelo urbano, más otra extensión de unas 43 hectáreas de suelo no urbanizable sin vocación definida y otras 102 hectáreas de suelo no urbanizable de protección y para usos agroganadero y forestal.

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